El Dr Víctor René Martinez, ex Interno de la Sociedad Educacionista "La Fraternidad y ex alumno del Histórico Colegio del Uruguay "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), es destacado penalista. Profesor Titular en la Universidad Católica de Salta, de reconocido prestigio en el país y en el exterior
Como se consigna en la información del diario El Tribuno de Salta, de hoy, en el curso organizado por el Colegio de Abogados, el Dr Víctor Martinez será uno de los disertantes.
La apertura estará a su cargo con estas palabras:
Desde el 6 de junio empezará a aplicarse gradualmente el nuevo código procesal penal que traslada la responsabilidad de investigar delitos de los jueces a los fiscales. Sin embargo, por ahora no se sabe si habrá más fiscalías para implementar el cambio que debería garantizar la agilidad del sistema.
El Poder Judicial redactó un anteproyecto de ley que establece cómo debe modificarse la estructura de los juzgados para aplicar la reforma.
El Ministerio Público, del que dependen las fiscalías, aún no informó si enviará una propuesta a la Legislatura para que apruebe la habilitación de nuevas dependencias. Faltan menos de dos meses para que empiece la transformación, una de las más complejas de las últimas décadas.
Actualmente hay cuatro fiscales penales y ocho correccionales. La nueva organización supone más responsabilidades para estos funcionarios y se espera conocer si habrá mayor estructura.
El sistema judicial debe afrontar al menos 28.000 causas anuales solo contando las que ingresan a los juzgados de instrucción formal que serán reemplazados por las fiscalías en la investigación de los delitos.
Causas acumuladas
El nuevo esquema, aprobado por la Legislatura, supone que los fiscales hagan las primeras averiguaciones e indagaciones sobre los hechos que se denuncien y decidan si deben llegar a un juicio.
Esta tarea está hasta ahora en manos de jueces de instrucción y el cambio debe terminar de implementarse en un lapso total de dos años.
Desde el 6 de junio, la modificación en el modelo regirá para los delitos con penas de hasta cinco años y en junio de 2013 debería empezar a aplicarse para casos más graves.
Los actuales juzgados de instrucción seguirán trabajando durante un año con miles de causas que tienen acumuladas. Luego se transformarán en juzgados de garantías y en tribunales que deberán realizar los juicios después de la investigación de las fiscalías.
Pese a que las averiguaciones estarán en manos de los fiscales, las detenciones, secuestros y allanamientos seguirán dependiendo de la orden de un juez de garantías.
De acuerdo al anteproyecto elaborado por los jueces de la Corte de Justicia Guillermo Posadas, Guillermo Catalano y Abel Cornejo, en el plazo de dos años debería haber 18 jueces más que hoy.
La propuesta de los magistrados fue enviada al Poder Ejecutivo para que la remita a la Legislatura, donde debería aprobarse con dos tercios de los votos.
El nuevo código procesal penal fue debatido por diferentes sectores que consideraron que merecía un mayor análisis.
La reforma demanda una capacitación para los actores relacionados con la Justicia, ya que regirán mecanismos que no se conocen hasta ahora.
El Colegio de Abogados organizó un curso que se realizará durante tres viernes a partir de hoy en la Universidad Católica y en la Caja de Seguridad Social, ubicada en Sarmiento 302.
Disertarán el juez de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el juez federal número dos, Miguel Medina y el reconocido penalista Víctor Martínez.
El Poder Judicial redactó un anteproyecto de ley que establece cómo debe modificarse la estructura de los juzgados para aplicar la reforma.
El Ministerio Público, del que dependen las fiscalías, aún no informó si enviará una propuesta a la Legislatura para que apruebe la habilitación de nuevas dependencias. Faltan menos de dos meses para que empiece la transformación, una de las más complejas de las últimas décadas.
Actualmente hay cuatro fiscales penales y ocho correccionales. La nueva organización supone más responsabilidades para estos funcionarios y se espera conocer si habrá mayor estructura.
El sistema judicial debe afrontar al menos 28.000 causas anuales solo contando las que ingresan a los juzgados de instrucción formal que serán reemplazados por las fiscalías en la investigación de los delitos.
Causas acumuladas
El nuevo esquema, aprobado por la Legislatura, supone que los fiscales hagan las primeras averiguaciones e indagaciones sobre los hechos que se denuncien y decidan si deben llegar a un juicio.
Esta tarea está hasta ahora en manos de jueces de instrucción y el cambio debe terminar de implementarse en un lapso total de dos años.
Desde el 6 de junio, la modificación en el modelo regirá para los delitos con penas de hasta cinco años y en junio de 2013 debería empezar a aplicarse para casos más graves.
Los actuales juzgados de instrucción seguirán trabajando durante un año con miles de causas que tienen acumuladas. Luego se transformarán en juzgados de garantías y en tribunales que deberán realizar los juicios después de la investigación de las fiscalías.
Pese a que las averiguaciones estarán en manos de los fiscales, las detenciones, secuestros y allanamientos seguirán dependiendo de la orden de un juez de garantías.
De acuerdo al anteproyecto elaborado por los jueces de la Corte de Justicia Guillermo Posadas, Guillermo Catalano y Abel Cornejo, en el plazo de dos años debería haber 18 jueces más que hoy.
La propuesta de los magistrados fue enviada al Poder Ejecutivo para que la remita a la Legislatura, donde debería aprobarse con dos tercios de los votos.
El nuevo código procesal penal fue debatido por diferentes sectores que consideraron que merecía un mayor análisis.
La reforma demanda una capacitación para los actores relacionados con la Justicia, ya que regirán mecanismos que no se conocen hasta ahora.
El Colegio de Abogados organizó un curso que se realizará durante tres viernes a partir de hoy en la Universidad Católica y en la Caja de Seguridad Social, ubicada en Sarmiento 302.
Disertarán el juez de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el juez federal número dos, Miguel Medina y el reconocido penalista Víctor Martínez.
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